Prevenir el ciberbullying exige algo más que prohibir teléfonos o vigilar redes sociales: las escuelas necesitan enseñar a los alumnos a reconocer el daño digital, proteger sus datos, actuar ante una agresión y tomar decisiones responsables cuando interactúan en línea.
Para millones de estudiantes, internet ya no es un espacio separado de la escuela. Allí conversan con sus compañeros, realizan tareas, comparten fotografías, juegan y construyen parte de su identidad. En México, UNICEF señala que 95,1 % de las personas de 12 a 17 años utiliza internet y que, según datos del Módulo sobre Ciberacoso 2024 del INEGI, 23 % de los adolescentes usuarios de internet ha experimentado alguna forma de ciberacoso.
El dato cambia la naturaleza del problema. Una escuela puede cerrar la puerta al acoso durante unas horas, pero no puede cerrar internet. Un mensaje ofensivo enviado después de clases puede reaparecer al día siguiente en el aula. Una fotografía compartida sin consentimiento puede circular mucho más allá del grupo original. La prevención, por tanto, necesita enseñar competencias que acompañen al estudiante también fuera del horario escolar.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos considera la ciudadanía digital como la capacidad de participar de manera activa, responsable y positiva en comunidades digitales y presenciales. Desde esa perspectiva, prevenir el ciberbullying no consiste únicamente en explicar que insultar está mal. Implica aprender a reconocer situaciones de riesgo, comprender sus consecuencias y desarrollar criterios para intervenir sin convertirse, a su vez, en parte del problema.
Una de las metodologías más útiles es el análisis de casos. El profesor puede presentar una situación ficticia, pero cercana: en un grupo de mensajería alguien comparte una fotografía humillante de un compañero y varios estudiantes comienzan a reenviarla. En lugar de ofrecer inmediatamente la respuesta correcta, la clase puede discutir qué debería hacer cada participante. ¿Debe quien recibe la imagen guardarla como evidencia? ¿Debe reenviarla para demostrar lo ocurrido? ¿Cuándo corresponde informar a un adulto? ¿Qué responsabilidad tiene quien observa y no participa?
El aprendizaje basado en problemas permite llevar la discusión un paso más lejos. Los alumnos pueden diseñar un protocolo de actuación para su propia comunidad escolar: identificar a quién acudir, cómo conservar evidencias, cómo bloquear y reportar una cuenta y qué conductas deben evitarse. UNICEF recomienda precisamente buscar apoyo de un adulto de confianza, conservar evidencias, no responder con represalias y utilizar las herramientas de bloqueo y denuncia disponibles en las plataformas.
Los ejercicios de simulación también pueden ser valiosos. Un grupo puede representar una conversación digital en la que aparece una agresión y otro asumir el papel de observadores, moderadores o responsables escolares. Después se analiza qué decisiones redujeron el daño y cuáles lo aumentaron. La intención no es dramatizar el sufrimiento, sino practicar respuestas antes de que los estudiantes tengan que enfrentarse a una situación real.
La protección de datos debe formar parte de la misma enseñanza. UNICEF recomienda que niños y adolescentes aprendan a mantener privada información como su dirección, teléfono, nombre de la escuela o imágenes personales. En clase, esto puede convertirse en un ejercicio sencillo: revisar una cuenta ficticia e identificar qué información permitiría localizar, identificar o suplantar a su propietario.
También conviene enseñar que la privacidad no depende únicamente de tener una cuenta «pública» o «privada». Los estudiantes necesitan comprender qué información comparten, quién puede acceder a ella, qué permisos solicitan las aplicaciones y qué ocurre cuando una fotografía o comentario deja de estar bajo su control. La OCDE advierte que la expansión de las tecnologías educativas ha aumentado la cantidad de datos que pueden recopilarse sobre los alumnos y, con ello, los riesgos para su privacidad.
La ética digital debe completar esa formación. Antes de publicar, conviene aprender a hacerse preguntas sencillas: ¿tengo permiso para compartirlo?, ¿podría causar daño?, ¿lo diría de frente?, ¿estoy difundiendo algo que no puedo comprobar? Estas preguntas convierten la ciudadanía digital en una práctica cotidiana y no en una lista de prohibiciones.
El papel del docente es decisivo. La OCDE ha advertido que las intervenciones contra el acoso funcionan mejor cuando forman parte de estrategias escolares coherentes, combinan prevención universal con apoyo específico y cuentan con personal capacitado. UNICEF, por su parte, plantea que la seguridad digital debe integrarse en las políticas y prácticas de toda la escuela, no limitarse a una charla ocasional.
Eso implica involucrar también a las familias. Los adultos no necesitan conocer cada nueva red social para acompañar a sus hijos. Necesitan mantener abiertas las conversaciones. UNICEF México recomienda establecer acuerdos sobre el uso de dispositivos, revisar las configuraciones de privacidad y crear un ambiente en el que un menor pueda contar que algo incómodo ocurrió en internet sin temor inmediato a ser castigado.
La prevención del ciberbullying, finalmente, no se construye enseñando a los estudiantes a desconfiar de la tecnología. Se construye enseñándoles a utilizarla con criterio. Una escuela verdaderamente preparada para el mundo digital no es aquella donde nunca ocurre un conflicto en línea, sino aquella donde los alumnos saben reconocerlo, los observadores saben cómo actuar, los adultos saben escuchar y la comunidad entiende que detrás de cada pantalla sigue existiendo una persona.