La nueva regulación nacional sobre celulares en primaria y secundaria abre un debate que va más allá de guardar el teléfono durante las clases: cómo recuperar la atención sin renunciar a la alfabetización digital que los estudiantes necesitarán dentro y fuera de la escuela.
México entra en una nueva etapa en la discusión sobre el uso de teléfonos celulares dentro de las escuelas. Este martes 22 de septiembre, la Secretaría de Educación Pública oficializó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo para regular los dispositivos digitales personales en el Sistema Educativo Nacional, con aplicación a partir del 3 de noviembre de 2026.
La disposición establece que en primaria y secundaria los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos personales deberán permanecer fuera de uso durante la jornada escolar, tanto en escuelas públicas como particulares. La principal excepción será cuando exista una finalidad educativa previamente programada y el uso esté bajo orientación docente, además de las situaciones justificadas que contemplen los protocolos escolares.
El cambio representa un giro importante respecto del modelo que dejaba buena parte de las decisiones a cada plantel. La UNESCO había señalado que México no contaba con una normativa nacional específica sobre celulares dentro de las escuelas y que los propios centros educativos establecían sus reglas. Ahora existe un marco federal que establece criterios generales para educación básica.
La discusión, sin embargo, no comenzó este martes. Durante los últimos meses, la SEP realizó foros y consultas sobre el impacto de los dispositivos digitales en niñas, niños y adolescentes. En agosto, la Presidencia informó que más de un millón de docentes de educación básica serían consultados sobre la propuesta de regulación.
La medida tiene además un antecedente cercano en Querétaro, donde se popularizó la llamada Ley Kuri. El nombre hace referencia al gobernador Mauricio Kuri y a un conjunto de reformas y políticas estatales relacionadas con la protección de menores en entornos digitales, así como a las restricciones aplicadas al uso de celulares en los planteles.
El Gobierno de Querétaro reportó que, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, realizó una encuesta a 16 mil 370 estudiantes de educación básica y 3 mil 583 padres de familia. Según los datos publicados por la administración estatal, 30 por ciento de los estudiantes encuestados manifestó haber sido víctima de violencia digital y 84 por ciento de los padres expresó mucha preocupación por el uso de redes sociales de sus hijos.
Querétaro también ha presentado resultados posteriores a la aplicación de sus restricciones. El Economista reportó en agosto que, según estudios citados por autoridades estatales, 64 por ciento de los estudiantes consultados consideró que existía un mejor clima para aprender sin celulares en el aula, mientras que 55 por ciento identificó mejoras en atención, participación, comprensión y calidad de sus trabajos.
Esos datos deben leerse con una precisión importante. Se trata de percepciones y resultados comunicados por autoridades estatales, no de una prueba experimental que permita atribuir automáticamente todas esas mejoras a la prohibición del teléfono. La experiencia de Querétaro ofrece un antecedente relevante, pero todavía existe margen para evaluar sus efectos educativos a largo plazo.
Ahí aparece el verdadero debate pedagógico. Retirar un teléfono de un pupitre puede reducir una distracción inmediata, pero no enseña por sí mismo a utilizar la tecnología de manera responsable. La alfabetización digital implica algo más complejo: aprender a buscar información, distinguir fuentes confiables, proteger datos personales, producir contenidos, utilizar herramientas digitales y comprender cómo funcionan los entornos en línea.
La UNESCO ha planteado precisamente esa tensión. Su Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo sostiene que la tecnología puede contribuir al aprendizaje, pero debe utilizarse cuando responde a objetivos pedagógicos y sin desplazar la interacción humana ni la enseñanza dirigida por docentes. La organización también registra que al cierre de 2024 ya había 79 sistemas educativos, equivalentes al 40 por ciento de los monitoreados, con prohibiciones o restricciones nacionales sobre teléfonos inteligentes en las escuelas.
La propia información educativa de la UNESCO para América Latina apunta a una salida que no se reduce a prohibir o permitir. Una de las alternativas consiste en integrar los dispositivos y las redes sociales en actividades pedagógicas cuidadosamente diseñadas, mientras se desarrollan competencias para un uso crítico y responsable. El desafío está en que las reglas escolares permitan distinguir entre tecnología utilizada para aprender y tecnología que simplemente compite por la atención.
La nueva regulación mexicana contempla precisamente esa diferencia. El teléfono no queda convertido en un objeto prohibido en cualquier circunstancia: puede utilizarse cuando exista una finalidad educativa programada y con orientación del personal docente. En otras palabras, la herramienta no desaparece; cambia el momento y las condiciones bajo las cuales puede entrar al proceso de enseñanza.
También existe una dimensión de convivencia. El Gobierno de Querétaro ha señalado que la restricción permitió recuperar espacios de interacción presencial entre estudiantes y reducir algunos conflictos relacionados con el entorno digital. En julio de 2026, el gobernador Mauricio Kuri afirmó que la estrategia había contribuido a disminuir casos de acoso escolar y a fortalecer la convivencia, aunque esas afirmaciones corresponden a la evaluación presentada por el propio gobierno estatal.
La experiencia cotidiana de una escuela ayuda a entender el problema. Un estudiante puede utilizar el mismo teléfono para consultar una fuente académica, elaborar una fotografía para una tarea o participar en una actividad didáctica. Pero el mismo aparato permite, en segundos, abrir una red social, responder mensajes o entrar en un videojuego. La diferencia no está solamente en el dispositivo, sino en el propósito, el contexto y la capacidad de autocontrol.
Por eso la discusión nacional también se extiende más allá de las aulas. La SEP ha señalado que el impacto de las plataformas digitales no termina cuando concluye la jornada escolar y que la política educativa debe considerar los hábitos digitales de niños y adolescentes en su conjunto.
En el Congreso también existen propuestas que van en esa dirección. Una iniciativa presentada en abril de 2026 plantea moderar el uso de teléfonos, tabletas y otros dispositivos personales en educación básica, pero al mismo tiempo incorporar programas de sensibilización sobre los riesgos del uso excesivo y fomentar el uso responsable de las tecnologías. Otra iniciativa presentada en septiembre busca que el uso de celulares en educación básica quede sujeto a fines académicos, pedagógicos y de creación de contenidos.
Esto muestra que el debate legislativo mexicano no se limita a una pregunta binaria sobre prohibir o permitir. También se discute quién establece las reglas, qué excepciones deben existir, cómo se resguardan los aparatos, qué ocurre en una emergencia y de qué manera se garantiza que los estudiantes desarrollen competencias digitales en lugar de simplemente alejarse de la tecnología durante unas horas.
La restricción que comenzará en noviembre será, por tanto, una especie de experimento a escala nacional en materia de convivencia escolar y atención. Sus efectos tendrán que medirse con indicadores educativos, no únicamente con la cantidad de teléfonos guardados. Será relevante observar si cambian la concentración, el rendimiento, la convivencia, los conflictos digitales y, sobre todo, si las escuelas logran complementar la limitación con una enseñanza sólida sobre el uso responsable de la tecnología.
La llamada desintoxicación digital puede abrir espacio para que un alumno vuelva a concentrarse en una explicación, una lectura o una conversación sin la interrupción constante de una pantalla. Pero ese descanso difícilmente será suficiente por sí solo. La escuela también tiene que enseñar qué hacer cuando el teléfono vuelva a estar en sus manos.
Ese será uno de los grandes retos de la nueva política educativa mexicana: recuperar atención sin crear una generación que sepa utilizar menos la tecnología, sino una generación que sepa utilizarla mejor.