La experiencia reciente de la UNAM reabrió una discusión que parecía resuelta por la tecnología: ¿es mejor presentar un examen de ingreso desde casa o regresar a una sede física? La respuesta ya no depende únicamente del costo y la comodidad, sino de una cuestión mucho más delicada: demostrar que quien obtiene el resultado es realmente quien presentó la prueba.
Durante años, trasladar un examen de admisión a una computadora parecía una evolución natural. Menos papel, menos traslados, resultados potencialmente más ágiles y la posibilidad de llegar a aspirantes que viven lejos de los grandes centros urbanos. La pandemia aceleró esa transformación y demostró que las evaluaciones remotas podían mantenerse incluso en procesos de alta demanda.
Pero la tecnología también cambió las reglas del juego. Hoy una persona que presenta una prueba desde casa no necesariamente está sola frente a la pantalla. Puede existir asistencia externa, dispositivos adicionales o mecanismos destinados a ocultar quién está realmente contestando. La aparición de herramientas de inteligencia artificial y servicios especializados para vulnerar controles ha hecho que la seguridad de una evaluación digital sea considerablemente más compleja.
El caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, es especialmente revelador. En su concurso de ingreso a licenciatura de 2026 participaron 158 mil 712 aspirantes en la segunda jornada de aplicación y la Universidad informó que detectó conductas contrarias a la convocatoria, incluidas prácticas que podrían constituir delitos y servicios fraudulentos ofrecidos para sustentar el examen. Posteriormente, la institución creó una comisión técnica para revisar integralmente el proceso y sus resultados.
El desenlace llegó en septiembre. De acuerdo con el informe de esa comisión, difundido por la propia UNAM, el formato que actualmente ofrece mejores condiciones de seguridad es el examen presencial realizado digitalmente mediante equipos preparados para la aplicación. La recomendación fue no utilizar nuevamente un examen remoto hasta contar con un modelo operativo y de evaluación suficientemente robusto.
La decisión resulta interesante porque no representa un rechazo a la tecnología. Todo lo contrario. La propuesta de la Universidad combina dos elementos: conservar las ventajas de una prueba digital y recuperar la supervisión presencial. En lugar de volver necesariamente al papel, el examen puede realizarse en una computadora o dispositivo previamente preparado, bajo condiciones controladas.
El Ceneval ofrece un ejemplo de que las tres posibilidades pueden coexistir. Actualmente contempla para el EXANI-II modalidades impresa, en línea dentro de instalaciones institucionales y desde casa. En esta última se utilizan mecanismos de autenticación, un navegador seguro y supervisión mediante cámara y micrófono.
La experiencia del organismo también introduce un matiz importante. Un estudio del Ceneval sobre las aplicaciones remotas y presenciales del EXANI-II analizó 5 mil 959 sustentantes y encontró que, en la muestra estudiada, la modalidad no produjo diferencias relevantes en el desempeño de los participantes. Es decir, desde el punto de vista psicométrico, un examen remoto puede producir resultados comparables bajo determinadas condiciones.
El problema aparece cuando la pregunta deja de ser únicamente «¿el examen mide lo mismo?» y pasa a ser «¿podemos tener certeza de quién lo respondió y bajo qué condiciones?». Esa diferencia es fundamental en una prueba de alto impacto, donde unos cuantos puntos pueden determinar quién obtiene un lugar universitario y quién queda fuera.
La investigación internacional tampoco presenta al monitoreo remoto como una solución perfecta. Una revisión publicada en Open Praxis en 2025 analizó 33 sistemas de supervisión digital y señaló preocupaciones relacionadas con privacidad, seguridad de los datos, transparencia y uso poco claro de inteligencia artificial en la detección de posibles infracciones.
Así que regresar a las aulas tiene un costo evidente. Hay que disponer de sedes, personal, equipos, horarios, transporte y mecanismos para atender a miles de personas. Para un aspirante que vive lejos de la ciudad donde se realiza el examen, el viaje puede significar dinero, tiempo y, en algunos casos, alojamiento. La presencialidad tampoco es gratuita ni automáticamente infalible.
Pero la seguridad académica tiene también un precio. Si una institución no puede garantizar razonablemente la identidad del sustentante y la igualdad de condiciones, el resultado pierde valor como instrumento de selección. No basta con que una plataforma funcione; debe existir confianza en aquello que mide.
Por eso la discusión quizá debería superar la falsa elección entre «papel o computadora» y centrarse en algo más importante: qué combinación de tecnología, supervisión, diseño de reactivos y procedimientos permite obtener resultados confiables sin imponer cargas innecesarias a los aspirantes.
La solución podría estar en modelos híbridos. Un examen digital, pero presencial. Equipos sin acceso abierto a internet. Identificación rigurosa. Bancos de reactivos suficientemente amplios. Protocolos claros para atender irregularidades. Y, cuando sea indispensable recurrir a la modalidad remota, sistemas de autenticación y supervisión sometidos a evaluaciones independientes.
Al final, la tecnología no debería obligar a elegir entre comodidad y confianza. Una evaluación de ingreso tiene que ser accesible, eficiente y, sobre todo, creíble.
Porque detrás de cada resultado hay mucho más que una cifra. Hay meses o años de preparación, expectativas familiares y el proyecto educativo de una persona. Cuando una universidad decide quién puede ocupar uno de sus lugares, tiene la responsabilidad de asegurarse de que esa decisión repose sobre una evaluación auténtica.
El futuro de los exámenes probablemente seguirá siendo digital. La verdadera pregunta es si las instituciones serán capaces de hacer que esa digitalización sea también segura, equitativa y digna de confianza.